Rescisión del contrato del agua en Lanzarote: ¿qué implica legalmente?
El pasado 16 de junio de 2025, el Cabildo de Lanzarote acordó iniciar el procedimiento de liquidación anticipada del contrato de concesión del ciclo integral del agua, suscrito en 2013 con Canal Gestión Lanzarote (filial del Canal Isabel II) por un plazo de 30 años. La decisión se fundamenta en incumplimientos graves detectados a lo largo de más de una década: elevados índices de pérdidas por fugas (hasta un 61 %), falta de inversiones esenciales y cortes frecuentes del suministr
Motivos jurídicos de la rescisión
El contrato firmado en 2013 para la gestión integral del agua tenía una duración de 30 años. Sin embargo, tras una década, el Consorcio del Agua de Lanzarote ha iniciado el proceso de liquidación anticipada por una serie de incumplimientos considerados muy graves, entre ellos:
Elevadas pérdidas de agua (hasta un 61 %).
Incumplimiento del plan de inversiones comprometido (más de 20 millones de euros no ejecutados).
Falta de implementación de sistemas tecnológicos de control y detección de fugas.
Inversiones realizadas fuera del contrato sin autorización expresa.
Estos elementos configuran un incumplimiento sustancial del contrato que, según la normativa de contratación pública, puede justificar su resolución anticipada por parte de la administración.
Consecuencias económicas y jurídicas
La rescisión anticipada no solo tiene consecuencias en el plano operativo, sino también económico y judicial. Se prevé un proceso de liquidación complejo, con reclamaciones cruzadas entre las partes:
El Cabildo retendrá hasta 58 millones de euros del canon e inversiones pendientes.
La concesionaria alega pérdidas millonarias y falta de actualización tarifaria.
Se abre la puerta a una futura batalla judicial con indemnizaciones millonarias en juego.
Además, este conflicto podría repercutir en los contribuyentes si se dictan sentencias que obliguen a la administración a indemnizar por daños y perjuicios.
Intervención cautelar y continuidad del servicio
Una de las prioridades del Cabildo es garantizar la continuidad del servicio. Por eso, se contempla una intervención cautelar por parte del Consorcio del Agua para asumir temporalmente la gestión hasta que se licite un nuevo contrato.
Este mecanismo legal, previsto en la legislación administrativa, permite a la administración intervenir un servicio esencial ante riesgo de interrupción.
Lecciones para futuras concesiones
Este caso deja importantes lecciones sobre la fiscalización y control de contratos públicos. La falta de seguimiento eficaz de las obligaciones contractuales ha permitido que los incumplimientos se arrastren durante años.
Es imprescindible:
Establecer indicadores de control objetivos y verificables.
Aplicar penalizaciones a tiempo y con firmeza.
Garantizar la transparencia en la gestión del servicio público.
¿Cómo afecta esto al ciudadano?
A corto plazo, no debería haber cortes en el suministro gracias a la intervención provisional. Sin embargo, se espera una transición tensa y una posible revisión de tarifas en el futuro.
Para el ciudadano, lo importante es saber que el servicio de agua es un derecho básico, y que su calidad y sostenibilidad deben estar por encima de cualquier interés político o económico.
Conclusión
La rescisión del contrato de gestión del agua en Lanzarote es un caso paradigmático de cómo los conflictos entre administraciones y concesionarias pueden tener impacto directo en la vida de la ciudadanía. La vía legal está clara: cumplir o asumir las consecuencias.
Desde nuestro despacho, seguimos atentos a este proceso y ofrecemos asesoramiento especializado en derecho administrativo y contratación pública, tanto a entidades públicas como a empresas concesionarias.
